Benito Baranda y Carlos Montes
“EL ESTADO y la sociedad civil, en efecto, cumplen roles complementarios en la consecución de los objetivos sociales fundamentales del país, tales como la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades de progreso e integración social para las personas más vulnerables”.
Con estas palabras comenzaba un proyecto enviado el 2003 por el entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos, tendiente a fomentar la cooperación público privada en áreas de interés social y darle un marco regulatorio claro a las donaciones con esos fines.
Doce años después siguen vigentes los diagnósticos. Chile sigue teniendo una “legislación fragmentaria, dispersa, heterogénea y poco coordinada”, que “presenta dificultades a potenciales donantes y donatarios para operar con estos mecanismos” y que “atenta contra la transparencia de los mismos”.
Como consecuencia de estos problemas tenemos inequidades en el acceso a recursos, pues sólo unos pocos saben operar con el sistema. Asimismo, permanecen excluidas áreas importantes, como el cuidado del medioambiente, la salud y los centros de estudios ajenos a partidos políticos. Peor aún, la ausencia de una ley especial no significa simplemente la inexistencia de incentivos; implica que se aplique a los donantes el impuesto respectivo -que llega al 25%- y que se les exija autorización previa de un juez. Además, los aportes de empresas son calificados como gasto rechazado.
Es evidente que las organizaciones sociales no pueden reemplazar la gestión del Estado, pero sí complementarla. Pueden reaccionar más rápido y en forma más flexible a evoluciones en la sociedad. Consiguen y orientan recursos adicionales para el bien común y muy a menudo son gestores de ideas innovadoras y de soluciones no convencionales, que de ser exitosas, pueden ser adoptadas como políticas públicas.
Considerando lo anterior, varias redes de la sociedad civil trabajan desde hace 15 años con el fin de promover un nuevo marco regulatorio, esfuerzo que culminó en el envío de un proyecto de ley única de donaciones al Congreso. Junto con todas las organizaciones y varios parlamentarios que promueven dicha iniciativa, y en especial, junto a un grupo de senadores que incluye, además del suscrito, a Carolina Goic, Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber y Alfonso de Urresti, hemos solicitado al Ejecutivo priorizarla, junto con considerar la introducción de reglas claras y rigurosas en materia de transparencia y rendición de cuentas cuando haya incentivos tributarios involucrados.
Implementar una ley que facilite el compromiso social de los ciudadanos es una condición básica para la agenda positiva que Chile requiere -y debiera ser parte del objetivo mayor de tener una sociedad más solidaria, pluralista, activa y responsable- donde se promueva y facilite preocuparse por el espacio común, el medioambiente, y ante todo, el uno por el otro, respetando la dignidad de todos.
Columna publicada en La Tercera, 31 de Julio 2015.