La Comisión de Hacienda se encuentra analizando el proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (Boletín 9790-07), que modifica diversas normas legales con el objeto de regular el financiamiento de las campañas electorales, sancionar más drásticamente las irregularidades que cometan los partidos y candidatos y dotar al Servicio Electoral de facultades para fiscalizar más detalladamente estos procesos.
Uno de los aspectos más debatidos es el plazo de prescripción de estos delitos, vale decir el lapso en que podrán realizarse denuncias e investigaciones y que una vez cumplido extingue la responsabilidad por los delitos que pudieran haberse cometido. La Comisión Especial de Probidad y Transparencia fijó en un año dicho lapso, lo que ha sido estimado como insuficiente.
Al respecto, como lo consigna La Tercera, el senador PS Carlos Montes advirtió que “para la credibilidad de la ley es fundamental considerar que no todas las situaciones irregulares significativas se conocen durante las campañas o inmediatamente después de ellas, sino que puede ser bastante tiempo después de las elecciones”.
El jefe del comité socialista agregó que “sería incomprensible para todos y sería injusto que contra personas que llegaron a ser parlamentarios con aportes de platas negras, en caso de que eso sea constatado, no se pueda actuar por que todo esté prescrito. Es absurdo que lo reduzcamos a un año”.