Una de las áreas que más molestia y sensación de abuso genera en la ciudadanía, son las relaciones de consumo. Habitualmente, consumidores y usuarios se ven expuestos a situaciones tales como publicidad engañosa, mala calidad e incluso peligrosidad de los productos, demoras en la entrega, cobros o facturaciones irregulares y deficiencias en los servicios de post-venta.

Lamentablemente, pese a los diversos textos legales que desde 1990 se han aprobado sobre la materia, los instrumentos son aún insuficientes. El SERNAC es hoy un servicio sin atribuciones suficientes para proteger efectivamente al público.

Por esta razón, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha impulsado un proyecto de ley que fortalece el SERNAC, superando las principales deficiencias existentes para proteger efectivamente a los consumidores y usuarios.

La iniciativa acaba de dar un paso fundamental, al ser aprobada en particular, por el Senado, restando sólo su último paso por la Cámara de Diputados para su publicación como ley.

El senador Carlos Montes destacó la aprobación del proyecto. “El SERNAC existe hace muchos años y no ha tenido facultades para realmente poder defender a los consumidores como queremos que, a partir de esta ley, lo haga” – sostuvo – añadiendo que “con eso esperamos que su rol en la defensa de los consumidores y que los mercados funcionen de una mejor manera y no haya esta desproporción, esta asimetría”.

Contenido del proyecto:

Sistematizando sus contenidos, el proyecto apunta a cuatro objetivos básicos:

Primero, fortalecer el SERNAC. Para ello:

  • Le otorga facultades fiscalizadoras para constatar las infracciones y sancionarlas directamente, superando la actual ausencia de atribuciones para imponer multas.
  • Asimismo, se le faculta para dictar normas e instrucciones general e interpretar las disposiciones legales, aunque esta última estará restringida al ámbito interno del servicio.
  • Incorpora un nuevo estatuto para el cargo de director nacional;
  • Separa funciones al interior del servicio, y
  • Establece un mayor presupuesto para personal y oficinas.

Segundo, reforzar el catálogo de derechos y sus sanciones, lo que incluye:

  • El aumento de los mínimos y máximos de las multas,
  • La creación de una graduación para su aplicación, según la gravedad de las conductas y las características de los proveedores, y
  • La incorporación de daños punitivos en casos de interrupción injustificada de servicios básicos.

Tercero, perfecciona los procedimientos existentes. Ello supone:

  • El mejoramiento del procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, especialmente en materia de prueba, la que se facilita;
  • La regulación legal de los procedimientos voluntarios colectivos realizados por SERNAC.
  • El mejoramiento de las acciones colectivas incorporando la posibilidad de reclamar el daño moral.

Cuarto, se fortalecen las asociaciones de consumidores.

 


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