Un amplio grupo de senadores y diputados de diversas bancadas e independientes suscribieron una declaración pública en la que señalan su convicción en torno a la necesidad de que el proyecto de ley sobre educación superior, ingresado recientemente a tramitación legislativa, considere especialmente el rol de las universidades estatales.

En el texto, los legisladores afirman que «»corresponde a las instituciones del Estado, tanto universidades como Centros de Formación Técnica (Institutos Tecnológicos) estructurar el sistema, garantizando el derecho social a la educación, velando por la promoción de la democracia y los derechos humanos, asegurando la integración social y empujando el desarrollo económico y espiritual de la nación.» Advierten, en todo caso, que lo anterior no obsta a «reconocer y valorar el aporte de instituciones no estatales que, históricamente, desde sus proyectos específicos, han contribuido a estos objetivos de bien público con responsabilidad y compromiso.»

A juicio de los parlamentarios, esta especial consideración de los planteles estatales amerita «iniciar un proceso decidido tendiente a fortalecer las instituciones de educación superior del Estado, a través de un financiamiento tanto para la gratuidad como basal permanente y de un plan de inversiones en infraestructura y recursos humanos que aseguren su crecimiento cuantitativo y cualitativo.»

Apuntan, además, a que la incorporación de recursos para avanzar hacia la gratuidad del sistema «debe ir acompañada de los procedimientos de control y sanción adecuados para garantizar la ausencia de lucro y el buen uso de los recursos públicos comprometidos. Los aportes que efectúa el Fisco, de manera directa o indirecta, a Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, deben administrarse con absoluta transparencia.»

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