En democracia se han hecho diversas modificaciones a la regionalización sin alterar sustantivamente la distribución territorial y su lógica de poder, emanada de la dictadura, cuyos objetivos tuvieron que ver más con criterios geopolíticos y de control que de participación social. Tampoco hemos analizado cabalmente el sistema político, el rol de las diversas instituciones y su interacción.

El momento para realizarlo es el proceso constituyente en curso y que debe proseguir en el próximo periodo presidencial y legislativo. Seguir introduciendo enmiendas parciales, sin una valoración profunda,resulta inadecuado. La experiencia demuestra que estas reformas una vez implementadas no tienen vuelta atrás, aún con sus falencias.

Ello permitiría ocuparse de la descentralización en forma integral y no sólo en el ámbito de las regiones. En un nivel inferior, las municipalidades presentan graves problemas, sin que se adviertan planes concretos para fortalecerlas y transformarlas en verdaderos gobiernos comunales.Las provincias, en tanto, siguen sin tener un espacio claro en el esquema vigente. Muchas de las existentes en los años ’70 presionan por transformarse en regiones al sentirse menoscabadas o marginadas de las decisiones. Así se crearon dos nuevas, en Arica-Parinacota y Valdivia y se proyecta una tercera, Ñuble.

Asimismo,es indispensable vincular las definiciones administrativas con el desarrollo económico. La actual situación muestra que el modelo basado en la extracción de recursos naturales y en las rentas del capital se agotó. Debemos definir una nueva estrategia, con más diversificación e incorporación de valor, como hicieron otras naciones que enfrentaron la misma disyuntiva.

Ello requiere más bien integrar las potencialidades de las cuatro grandes macrozonas del país (norte grande, centro, sur y austral) que cuentan con características similares, que desagregar -y muchas veces duplicar- esfuerzos. ¿Vale la pena tener tres seremis de minería entre Iquique y Atacama? ¿Es eficiente tener allí también tres CFT estatales en lugar de un solo gran instituto tecnológico de la minería?

Adicionalmente, la reforma concreta que se discute en el Parlamento presenta deficiencias muy relevantes. Un Intendente electo con mayoría relativa, bajo el 50%, se contradice con la razón principal que se da para elegirlo, tener líderes locales con legitimidad y peso para defender los intereses de sus habitantes ante el nivel central.¿Cómo se resolverán los conflictos políticos al interior de las regiones? ¿Será representativo para Aconcagua un Intendente que concentre su apoyo en la zona costera de la V Región? Por otro lado, la insuficiencia de atribuciones y de recursos y la inexistencia de equilibrios y contrapesos, conspira contra la capacidad real de gestión.

Soy partidario de elegir democráticamente autoridades intermedias, pero en el marco de una revisión integral del régimen político y administrativo vigente y con estudios serios, con objetivos nacionales de largo plazo, orientados tanto al desarrollo económico como a una descentralización que combine participación ciudadana con un Estado proactivo, moderno y eficiente.

Quizás pudiéramos pensar en un esquema que aproveche la identidad social y cultural de las antiguas provincias, que fueran la unidad básica, con gobernadores electos; articuladas en macroregiones grandes y efectivas, con potencialidades basadas en orientaciones y definiciones comunes, que se transformen en efectivos polos  de desarrollo de un país más armónico y descentralizado.

Publicada en El Mercurio, 09/09/2016


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