FOTO: Entrega informe CNDU a la Presidenta Bachelet en el Palacio de La Moneda | (C) Gobierno de Chile.

Senador Montes planteó la necesidad de terminar la especulación con impuestos que la desincentiven y a compartir la plusvalía que reciban por inversiones públicas como Metro, hospitales, permisos para comercio, entre otros.

El senador Carlos Montes participó de la ceremonia de entrega a la presidenta Michelle Bachelet del informe del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. La instancia efectuó un diagnóstico y propuso medidas para ajustar nuestra actual normativa a los lineamientos de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano.

En la ocasión, el parlamentario, que integró el Consejo como presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, valoró el documento del grupo transversal que, a su juicio, trabajó seriamente en buscar “las alternativas para una nueva política de suelo y ciudad que integre a sus habitantes y regule el mercado del suelo”.

El legislador insistió en la necesidad de mejorar la regulación sobre la materia, destacando las conclusiones contenidas en el informe. “El suelo urbano debe tener una regulación especial”, indicó Montes. “En dictadura se liberó el mercado pensando que el precio del suelo bajaría y en menos de una década subió cinco veces su valor”.

Recordó que la Presidenta de la República señaló claramente la necesidad de abordar el tema, al entregar al país sus conclusiones de la Comisión Engel, la que también contempló un capítulo especial sobre este punto.

Remarcó que esto impacta directamente, por una parte, en la falta de terrenos para vivienda social lo que se agrava por la carencia de políticas estatales como un banco de suelo público y, por otro lado, en el valor de las viviendas a las que pueden acceder los sectores de ingresos bajos y medios, por lo que llamó a legislar en este sentido.

Montes sostuvo que una de las herramientas para frenar esta especulación y detener el alza en el valor de las viviendas son impuestos que la desincentiven y contribuyan a distribuir de mejor modo la plusvalía que los inmuebles ganan con el desarrollo de la ciudad, la inversión pública y los cambios en los instrumentos de planificación territorial.


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