Una indicación del senador Carlos Montes, que resultó aprobada en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2017, permitirá tener una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de las universidades privadas. El texto obliga a las instituciones que reciben aportes públicos o que matriculen durante el año venidero a estudiantes que se financien mediante créditos, becas o garantías del Estado, a remitir a la Contraloría General de la República, información acerca de su uso.

La discusión en la Sala de la Cámara Alta resultó bastante ardua. Inicialmente, el Ejecutivo calificó la propuesta de inadmisible, por establecer, a juicio del Ministro Rodrigo Valdés, una nueva facultad al organismo contralor, lo que fue rechazado categóricamente por algunos parlamentarios. En definitiva, con un cambio menor en la redacción, la propuesta de Montes fue aprobada en forma unánime. Ver nota en La Tercera.

A juicio del parlamentario socialista, ello es un primer paso en la necesidad de disponer de  mayor información acerca del uso que se da a estos recursos, recogiendo un llamado realizado por el propio Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en un seminario realizado recientemente en la Universidad de Santiago.


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